El hecho de que responsables de Agricultura y Ganadería de la Junta hayan revelado que el censo del porcino en nuestra provincia haya aumentado un 24% ha disparado la alarma entre quienes propugnan un medio ambiente limpio, no contaminado y traspirable! Mas aún cuando -como es sabido- mucha de la normativa de la Unión Europea se viene sistemáticamente incumpliendo (eliminación de purines sobre todo; condiciones de las granjas, transporte de animales, eliminación de cadáveres con las debidas garantías, etc.) aspectos sobe los que la Junta tiene exhaustivo conocimiento y parece que una actitud un tanto permisiva. Es bien conocida la frecuente implantación de granjas o su ampliación con autorización del gobierno regional. También es notorio el tremendo impacto que en ciertas zonas de la provincia (algunas bien próximas a Segovia capital) produce el vertido de purines sin control. A eso se une, claro, al contaminación del suelo y probablemente la de las aguas subterráneas y pozos para riego o incluso para consumo humano.
En ese desalentador panorama inciden declaraciones de políticos solventes como la responsable de Medio Ambiente quien en unas declaraciones en Segovia reconocía la excesiva carga de residuos que soporta Segovia, lo que en muchos casos producen la citada contaminación de aguas subterráneas por nitratos. Y afirmaba que ante tan patente sobresaturación la Junta prohibirá la instalación de más granjas de cerdos en algunas zonas (lo que no ha sido así) aparte de tomar otras medidas que alivien la caótica situación ambiental y de riesgo para las personas que originan el millón de cerdos censados en la provincia «que como media -afirmaba- contaminan lo que dos millones y medio de personas. ¡Ahí es nada!
Tampoco es la primera vez que sale al aire el polémico tema de los purines ni que se haya olvidado el permanente riesgo que se deriva para la salud (más de 55 municipios lo sufren) por lo que habrá que insistir hasta la saciedad en la responsabilidad de la Junta por velar por ella, imponiendo medidas drásticas en las granjas ya instaladas, vigilarlas debidamente penalizando en su caso la infracción de las normas e incluso clausurando si fuera necesario las que no estén debidamente autorizadas (que también debe conocer su existencia) o incumplan los requisitos exigidos para una producción rigurosa. Es cierto que hay que ayudar a la gente del campo, mejorar sus medios de subsistencia (también a los consumidores) y respetar la libertad de mercado; pero de eso a hipotecar un relativo estado de bienestar de la ciudadanía restante hay un abismo. Por eso parece claro que se debe ser implacable con el cumplimiento riguroso de la ley cuando está en riesgo el colectivo. Y si criar cerdos en las debidas condiciones es caro, pues habrá que pensar en poner una tiendecita de ultramarinos, por ejemplo, en el pueblo. Pero el bienestar, la seguridad y la salud de los segovianos no puede estar en precario a merced de una permisividad intolerable.
MIGUEL VELASCO
FUENTE:
EL NORTE DE CASTILLA
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