TREINTA Y DOS DENUNCIAS POR VERTIDOS DE PURINES

La sequía agudiza este problema al aumentar la concentración de nitratos en los acuíferos.

Las explotaciones ganaderas de porcino deben cumplir con el marco legal.

El Gobierno asegura que este problema “representa la más seria amenaza medioambiental de la provincia de Segovia en la actualidad”.
La Subdelegación del Gobierno en Segovia formuló 32 denuncias por vertido ilegal de purines en el primer semestre del año, y advirtió de que se trata de la “más seria amenaza medioambiental” de la provincia por su posible efecto en los abastecimientos de agua a la población.
En una nota de prensa remitida por esta institución , se asegura que la sequía que padece la provincia desde hace tres meses “agudiza especialmente este problema al aumentar la concentración de nitritos y nitratos en las aguas de muchos acuíferos de los que se suministra gran parte de la población segoviana para su abastecimiento, y en muchos casos para agua de beber”.
Por este motivo, el subdelegado del Gobierno ha dado instrucciones al Seprona de la Guardia Civil para que intensifique las medidas de actuación y seguimiento en el vertido que permitan reducir el problema. Estas instrucciones han dado su fruto y recientemente se presentó una denuncia por un vertido al lado de una fuente y de un arroyo en Fuentemilanos .
Asimismo, se ha hecho pública una sentencia judicial que condena a un ganadero por tener las fosas de purines sin impermeabilizar, verter purines en cauce público y anegar de purines una finca agrícola.
Pese a ello, la Subdelegación asegura que dada la naturaleza de la actividad “no siempre es posible identificar las malas prácticas ganaderas y agrarias en esta materia”.
La Subdelegación recuerda que la Junta de Castilla y León declaró en 1998 inicialmente zonas vulnerables a la contaminación de las aguas cinco zonas de la Comunidad Autónoma, todas ellas de la provincia de Segovia. En este sentido, asegura que siete años después no se han modificado las zonas inicialmente designadas y continúan como zonas vulnerables las cinco de Segovia.
“Es preciso y urgente que las administraciones públicas en sus ámbitos de competencias diseñen y apliquen medidas concretas que reduzcan la contaminación, al menos en las zonas vulnerables”, agrega el comunicado.
La Subdelegación hace hincapié en el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de purines, que en su opinión contribuyen a reducir los costes de explotación de las granjas de porcino a medio plazo y los costes medioambientales de incalculable valor.
En este sentido, considera que las plantas de Tragsa en Sebúlcor o del grupo Guascor en Turégano representan un importante avance en la provincia para comenzar a abordar con garantías este problema y reducir el nivel de contaminación de las aguas.
Además, subraya que Segovia precisa de un mayor número de plantas para dar una respuesta satisfactoria, dado que la superficie de tierra disponible para el vertido de purines no se encuentra acorde con el tamaño que está alcanzando esta industria en la provincia de Segovia para garantizar el equilibrio medioambiental.
Asimismo, pone el acento en la necesaria unión entre los ganaderos y las administraciones públicas “en el objetivo básico de proteger el medio ambiente”, y precisa que la riqueza que genera este sector de la economía provincial es muy importante para Segovia, pero su territorio no puede soportar el continuo deterioro de elementos esenciales como el agua y el suelo”.

Convenios de colaboración cargados de compromiso
Para la Subdelegación del Gobierno, el problema de los purines no ha de ser ajeno a ninguna de las distintas administraciones con competencias en la materia; y de su correcto tratamiento depende el futuro de las aguas del dominio público hidráulico y la contaminación de las tierras de cultivo. Para ello se han de desplegar políticas activas y continuadas en los distintos ámbitos funcionales que permitan reducir el problema a su mínima expresión. En este sentido, considera que la firma de convenios o cualquier otra herramienta administrativa de colaboración “puede permitir avanzar en la solución del problema, más cuando la gestión de las competencias en esta materia puede afectar a distintos organismos públicos”.
En esta línea se enmarca el vigente Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Castilla y León, para la protección medioambiental de la Comunidad, con referencia concreta al control de la gestión de residuos ganaderos en la provincia de Segovia. Pese a este esfuerzo interinstitucional, la Subdelegación del Gobierno asegura que la firma de convenios de colaboración,” para su eficacia, debe ir acompañada de un compromiso firme respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos para cada una de las partes”.

FUENTE:
EL ADELANTADO DE SEGOVIA
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